En el marco de la causa que investiga una red narco con epicentro en la localidad correntina de Itatí, se pidió 9 años y 5 meses para Luis Saucedo, por ser considerado uno de los jefes de la organización. También se acusó a otros dos hombres en calidad de miembros de la banda.
El titular de la Fiscalía General N° 4 ante los Tribunales Orales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Patricio García Elorrio, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, solicitaron 9 años y 5 meses de prisión para Luis Alberto Saucedo, 7 años y 3 meses de prisión para Cirilo Amado Saucedo y 6 años y 10 meses de prisión para Hugo Horacio Ayala, a quienes acusaron de formar parte de la organización narcocriminal que operó en la localidad de Itatí.
A la banda, desde 2014 hasta el 2017, traficó se le secuestró más de 20 toneladas de marihuana proveniente de la República del Paraguay con destino a diferentes puntos del país.
En la etapa final de este debate -iniciado el 5 de octubre pasado-, los representantes del MPF consideraron a los acusados como coautores del delito de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de menores de 18 años y de funcionarios públicos destinados a la prevención de esos delitos y por integrar una asociación ilícita. A Luis Saucedo lo imputó en calidad de jefe de la asociación ilícita mientras que Cirilo Saucedo y Ayala fueron señalados en calidad de miembros.
De acuerdo con la evaluación de la fiscalía, Luis Saucedo operaba como uno de los tres jefes de la estructura narcocriminal (junto a Carlos Alberto Bareiro y Federico Sebastián Marín, condenados en 2021). De esta manera, el Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró probado que el acusado se encontraba a cargo de una de la línea de distribución de la banda que dirigía el traslado del material estupefaciente hacia la provincia de Buenos Aires y supervisaba las operaciones hacia esa región.
En tanto, según la acusación, Cirilo Saucedo cumplía funciones manipulando la carga de material ilícito en el traslado a la provincia de Buenos Aires. Además, se encargaba de ir unos kilómetros adelante del vehículo para dar aviso de los controles policiales en las rutas, acción denominada “hacer punta” en la instrumentación del tráfico.
Los representantes del MPF añadieron que Ayala fue responsable en la trasmisión de directivas de Bareiro, quien se encontraba cumpliendo pena de prisión mientras dirigía la organización. De acuerdo con la investigación, Ayala era uno de sus colaboradores estrechos. En ese rol, indicó la fiscalía, ejecutaba la administración del dinero de la organización y mantenía un contacto asiduo con Bareiro para la ejecución de la línea de mando.
Durante este juicio se presentaron diferentes acuerdos de juicio abreviado. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 porteño , integrado por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabian, Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, deberá resolver al respecto sobre los acusados Daniel Eduardo Cáceres, Antonio Ramón Navarro, Héctor Botello Da Silva, Darío Héctor Oscar Tabares, Alejandro Daniel Rodríguez, Ricardo Walter Piris y Alejandra Mariela Terán, quienes pactaron con el MPF diferentes penas como miembros de la misma asociación ilícita. En algunos casos, ese delito concurre con el de comercio de estupefacientes doblemente agravado por el que se acusó al resto de la banda. Los imputados Cáceres, Piris y Tabares y la imputada Terán cuentan con penas anteriores, por lo cual el acuerdo a su respecto contiene la imposición de penas únicas.
Esta nueva etapa de juicio se suma a la finalizada en 2021, en la que el mismo tribunal dictó otras 65 condenadas contra los integrantes de la organización criminal itateña. Entre estas, impuso a Bareiro y Marín las penas de 17 y 12 años de prisión, respectivamente, por resultar “jefes” de aquella asociación ilícita y como coautores del delito de tráfico ilícito agravado. En ese juicio la investigación había probado que la sustancia ilícita era acopiada en cargamentos en distintos puntos de la localidad de Itatí y sus alrededores, en zonas agrestes, oculta entre la vegetación.
También se acreditó que la organización contaba con diversos vehículos de pequeño, mediano y gran porte para instrumentar la distribución y la comercialización de las sustancias estupefacientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca, y que para ello contaba con diversos objetos logísticos, como pequeñas embarcaciones, una gran cantidad de teléfonos celulares, armas de múltiples calibres y proyectiles.
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