CORRIENTES CAPITAL
CRIMEN DE MAXI AQUINO
Silvio Sosa, abogado de la familia de Maxi Aquino, el joven estudiante que fue asesinado por motochorros dialogó con Radio Sudamericana y comentó el monto que tuvo que pagar la familia del único detenido por el crimen. «Lo que entregaron no supera el 40 por ciento de la fianza fijada», señaló.
Maxi Aquino fue asesinado a puñaladas el 1 de agosto de 2015, tras resistirse a un robo en pleno barrio Aldana, a la salida de una peña universitaria.
El crimen generó conmoción en la sociedad, sobre todo por tratarse de un joven del interior que – como muchos otros- había llegado a la Capital para estudiar agronomía, con mucho esfuerzo de sus padres.
Por aquel entonces más de cuatro mil personas, entre estudiantes, amigos, profesores y público en general marcharon a pie desde la facultad de Ciencias Agrarias hasta la plaza 25 de mayo donde se entregó un petitorio al Gobernador de la Provincia.
Desde ese momento comenzaron a instalarse policías en la zona y pintaron una estrella en el lugar donde ocurrió la muerte del estudiante, a fin de que no se lo olvide.
En 2026 el Tribunal Penal Nº 2 condenó a 22 años de prisión a Juan José Andrés “Josele” Altamirano por el delito de homicidio simple, parecía una pena ejemplar, sin embargo ahora la justicia le concedió la libertad.
LA FIANZA FUE FIJADA EN 10 MILLONES DE PESOS
Uno de los puntos más preocupantes que destacó el abogado Sosa es que la fianza fijada por el tribunal ascendía a 10 millones de pesos, pero Altamirano y su familia ofrecieron vehículos como garantía sin una tasación adecuada. “El tribunal había fijado una fianza de 10 millones de pesos y el defensor y la familia ofrecieron un Fiat Espacio 147, modelo 1995 y una moto Moto Honda Wave 110, año 2013. Además, el abogado defensor presta una causión por la suma de un millon y quinientos mil peso» , dijo Silvio Sosa, abogado de la familia de Maxi Aquino. «No supera el 40 porciento de la fianza fijada», agregó.
Otro hecho desconcertante fue que Altamirano había sido liberado en el pasado en relación con otro caso penal, una tentativa de robo en 2018. A pesar de que había sido condenado a 22 años de prisión, se le otorgó la libertad debido a una extinción de la acción penal por inactividad judicial. Esto levanta interrogantes sobre si se le ha dado un trato especial a Altamirano en el sistema judicial.
El abogado Sosa anunció que solicitará la nulidad de la resolución que permitió la liberación de Altamirano, argumentando que la misma fue arbitraria y careció de fundamento legal. Además, expresó su confianza en que el tribunal tomará una resolución justa y acorde a derecho en esta cuestión crucial.
RADIO SUAMERICANA
