MINISTROS DE EDUCACIÓN DE TODAS LAS PROVINCIAS RECLAMAN A MILEI.
EL INTERIOR SE ABROQUELA ANTE LA EMBESTIDA PRESIDENCIAL
Los idus de marzo amenazan con complicar aún más la vida de los argentinos. Un estrepitoso choque entre el Presidente y los mandatarios del interior complica la gestión del transporte público y del inicio de clases en todas las jurisdicciones.
La decisión de la Presidencia de la Nación de recortar el Fondo Compensador al Transporte Público y de los Fondos de Financiamiento Educativo logró unificar las posturas de gobernadores kirchneristas, radicales y de aquellos que llegaron al poder de la mano de partidos provinciales.
Por primera vez en muchos años, los administradores de las provincias y municipios de los más diversos partidos coincidieron en unificar sus reclamos al poder central para que se revise la decisión, que todos coinciden en adjudicar al fracaso legislativo de la Ley Ómnibus, de recortar fondos a las provincias.
Peligran las clases
Los 24 ministros de Educación de Argentina emitieron un comunicado conjunto elevado al secretario de Educación, Carlos Torrendel, en el que le hacen notar los riesgos para el inicio de clases que supone el recorte del Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura.
El documento fue consensuado en el plenario del Consejo Federal de Educación del que participó la ministra correntina, Práxedes López, junto a sus pares de todo el país.
El texto de la misiva elevada a Torrendel señala: «La incertidumbre que nos atraviesa por la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: leyes N°26.075 y N°25-053 -particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura- y la falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos, de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa de nuestras jurisdicciones».
«Conscientes de las particularidades de cada una de las provincias, entendemos que los temas muy genéricamente planteados constituyen un eje común que nos llevan a firmar la presente a quienes tenemos a nuestro cargo el área educativa en cada una de nuestras jurisdicciones, solicitamos en consecuencia una pronta respuesta sobre el presente planteo», señalaron.
Los ministros provinciales no lo pusieron en su nota, pero está claro que la demora en el pago del incentivo docente, que configura un aporte esencial a la hora de pagar salarios, estos días tienen negociaciones paritarias en todas las jurisdicciones y todo indica que será la primera vez en varios lustros que no habrá un acuerdo nacional que fije un sueldo docente inicial, como se instrumenta desde hace varios años y sirve de testigo para fijar salarios cada jurisdicción.
Si no hay acuerdo con los gremios que denunciaron como insuficientes los acordados por estos días, seguramente tendrán vía libre para convocar a paros en todas las jurisdicciones.
Colectivos en riesgo
La guerra entre el Gobierno nacional y los gobernadores tuvo su primer conato en la decisión de aplicar el Pacto Fiscal de 2017 y 2018, para eliminar el aporte del Fondo Compensador al Transporte Público, solo para el interior y que se mantiene para las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La decisión motivó el rechazo y la advertencia de los empresarios de que pone en riesgo de desaparición a las empresas de colectivos del interior (ver aparte) y es vinculada al fracaso ocurrido en la Cámara de Diputados con el proyecto de ley Ómnibus, lo cual fue negado por el ministro del Interior, Guillermo Francos.
La eliminación del subsidio al transporte logró que gobernadores e intendentes avancen en el diálogo para consensuar un boleto de colectivo unificado en 1.000 pesos, además de otras acciones políticas conjuntas, a modo de respuesta a la venganza del Presidente y de su ministro de Economía, Luis Caputo.
La negociación incluye a gobernadores del peronismo y de Juntos por el Cambio, como así también a la Federación Argentina de Municipios que lidera el matancero Fernando Espinoza.
También participan de las charlas jefes comunales del radicalismo e integrantes del grupo que, este jueves, salieron con un duro comunicado en rechazo a la quita de subsidios y advirtiendo la posibilidad de ir a la Justicia por este tema.
Para la Federación Argentina de Municipios (FAM) que preside Fernando Espinoza de La Matanza, el recorte provoca «alarma y extrema preocupación ante el camino antifederal y extorsivo que ha tomado el Gobierno nacional».
«Argentina vive una dramática situación socioeconómica, que día a día se agrava por las medidas que lleva adelante el Presidente de la Nación y su Ministro plenipotenciario de Economía», dice el texto.
Además, destacan que la decisión del Gobierno de eliminar el Fondo Compensador para el transporte del interior «es contra los millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse».
Alerta por el cierre de empresas de colectivos
La decisión del presidente, Javier Milei, de recortar el Fondo Compensador «es el acabose del transporte del interior», expresó Gerardo Ingaramo, titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP).
«Estamos total y absolutamente discriminados por Nación», aseveró el empresario al referirse a la reciente decisión nacional de quitar los subsidios al sistema, pero dejando el beneficio al AMBA.
En diálogo con Radio Dos, indicó: «Esta medida genera que el mayor problema lo vayan a tener nuestros usuarios, nuestros 10 millones de usuarios».
«Nunca pensé que esta medida la podían tomar de esta manera. Sosteniendo el transporte del AMBA, dándole todos los subsidios cuando el ministro Caputo iba a hacer una reducción del 35% de los subsidios del AMBA para equiparar al interior e hicieron todo lo contrario», explicó.
«Esto no es la casta y el pobre trabajador que tiene que pagar un boleto de 1.000 pesos», lamentó. «Esto hay que reverlo, los diputados y senadores tienen que ponerse a trabajar en una nueva Ley federal de transporte, ir a la Justicia, reclamar lo que nos corresponde. Caso contrario, el servicio de transporte del interior no puede funcionar», aseguró.
Diario época
