La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA) difundió un comunicado exponiendo su preocupación frente a la decisión del Gobierno nacional de no actualizar desde octubre los ingresos que solventan los costos operativos registrales.
“Los registros del automotor son estatales, pero de administración privada. No somos un costo para el Estado: generamos ingresos y seguridad jurídica a los dueños de automóviles”, afirmó AAERPA en el documento que se conoció este sábado.
Cabe recordar que en los últimos días, el Gobierno nacional decidió dejar sin efecto las resoluciones que actualizaban los montos de los ingresos que solventan los costos operativos de los Registros de la Propiedad Automotor en todo el país, y que no se actualizan desde octubre del año pasado.
Ante este decreto, los encargados nucleados en la AAERPA advirtieron en su comunicado la gravedad de esta medida y el alcance que podría tener en los propietarios de automóviles. “Debido a la errónea información que circuló sobre el sistema, nos parece fundamental aclarar porqué es imprescindible el correcto funcionamiento para la seguridad jurídica de los ciudadanos”, expresaron.
El primer punto que aclararon es que los Registros son estatales, pero su administración es privada. «Los empleados de un Registro Automotor no son empleados públicos. El costo de este servicio recae enteramente en los titulares del registro, quienes deben cubrir todos los gastos operativos, desde salarios hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Estado Nacional», enfatizaron.
El Gobierno le marca la cancha a los registros del automotor: qué cambia
En ese sentido, precisaron que los registros no implican un costo extra para el Estado, «sino al contrario: le genera ingresos”, aseguraron desde AAERPA . Agregaron también que «el Ministerio de Justicia establece las tasas de los trámites y los precios de los formularios, así como la proporción de los ingresos que debe destinarse al Estado, con límites predefinidos”.
Desde AAERPA, precisaron que los registros no implican un costo extra para el Estado.
En relación a la necesidad de un funcionamiento óptimo de los Registros, desde la entidad que preside Alejandro Germano, señalaron: “Desde hace seis décadas, el Registro del Automotor fue concebido para proteger a los propietarios de vehículos frente al creciente problema de robos y estafas relacionadas con la venta de automóviles robados”. Es por esto que, según la Asociación, el Registro funciona como «una ventanilla única para que los ciudadanos no caigan en la compra de autos robados, y por otro lado evita la inscripción de autos mellizos, problemas en herencias y firmas, y aseguran la reparación del damnificado ante siniestros o daños con automotores, entre otros temas».
Los impuestos de una transferencia
Respecto a los cuestionamiento que se vienen realizando por los valores de transferencia de los automóviles, desde la entidad explicaron que ese costo «representa como tasa registral entre un 1,5% y 2,5% del valor del auto, y de esa tasa registral, el 70% de los fondos los registros deben depositarlos como contribución al Ministerio de Justicia”.
“Es decir, que del 7% que usualmente se pagaría en una transferencia total, cerca de 1,5% cobra el registro. El resto son impuestos que dependen del Estado Nacional o Provincial”, aclararon.
En tanto, en virtud de la desactualización de los ingresos que solventan sus gastos, la entidad aseguró que “en caso de que los registros desaparezcan, no solo corre riesgo la seguridad jurídica de los dueños de automóviles, sino la economía de los mismos, ya que aumentarían notablemente los seguros de autos, por ejemplo”.
AAERPA alertó que “en caso de que los registros desaparezcan, no solo corre riesgo la seguridad jurídica de los dueños de automóviles, sino también su economía porque aumentarían notablemente los seguros de autos.
Por otro lado, AAERPA expuso su preocupación por los 12 mil puestos de trabajo en los registros de todos los puntos de la Argentina: “Son 12 mil familias que podrían quedarse en la calle y que, insistimos, no tienen un sueldo público, sino que son empleados privados”, enfatizó la entidad.
