El doctor Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, advirtió sobre el abandono sistemático que sufren los jubilados en Argentina. «Los jubilados se están muriendo de hambre sin prestaciones de salud y sin tener un techo adecuado donde vivir», afirmó.
Semino advirtió una realidad alarmante: seis millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, enfrentan condiciones de vida inhumanas.
«Estamos hablando de 6 millones de ciudadanos. En cualquier sociedad, esto debiera ser un tema absolutamente prioritario», señaló Semino. Sin embargo, denunció que la situación está naturalizada y ausente del debate político. «Los actores políticos hablan de temas relacionados con su sistema, pero no de esto», criticó, destacando la indiferencia de las autoridades frente a una crisis que lleva años agravándose.
La gravedad del problema trasciende gobiernos. «Es un fenómeno crónico en la sociedad argentina, con desatención y capitalización de todas las administraciones», explicó.
Semino remarcó que, mientras el Estado gasta millones en seguridad para reprimir protestas, los jubilados carecen de lo básico: «Debían convertirse en medicamentos, en comida, y no lo hacen».
EL HABER MÍNIMO Y LA INFLACIÓN
«Los jubilados reciben 390.000 pesos, un monto que no alcanza para subsistir», afirmó Semino. Criticó duramente el sistema de bonos discrecionales, como el «mono», que no se ajusta a la inflación real. «Es una gran mentira que inventó el exministro en julio del 2022 y que el actual ministro repite», aseguró, calificándolo de «nego» que perjudica a los más vulnerables.
«El reajuste no fue del 3,7%, sino del 2,8%. Así ocurrió durante todo el 2024: por mes se fueron perdiendo un punto», detalló, remarcando que esta pérdida acumulativa del poder adquisitivo profundiza la pobreza. «Cinco millones de jubilados cobran la mínima, más un millón de personas con discapacidad que reciben aún menos», explicó, subrayando la injusticia del sistema.
Explicó que la situación es aún peor para los beneficiarios de pensiones no contributivas. «Ellos cobran el 70% del haber mínimo, y las pensiones universales para adultos mayores solo el 80%», dijo Semino. «Es sentido común: nadie puede vivir con eso», remató, exigiendo una revisión urgente de los mecanismos de ajuste.
LA FALTA DE RESPUESTA POLÍTICA
«Esto debía estar hablándose en el Congreso de la Nación», reprochó Semino. Señaló que, pese a la gravedad de la crisis, no hay voluntad política para abordarla. «Tenemos un oficialismo que ajusta a los jubilados y una oposición silente», afirmó, destacando la complicidad de todos los sectores.
Recordó que, en 2022, se declaró una crisis humanitaria para los adultos mayores en tres países latinoamericanos, incluida Argentina. «Se lo comunicamos a la anterior y a la actual administración, pero no hubo cambios», lamentó. «Los jubilados no solo pierden calidad de vida, sino que están perdiendo la vida», insistió, subrayando la urgencia de la situación.
Semino comparó la realidad argentina con la de otros países. «En Alemania, el gran debate interno es la seguridad social. Aquí, ni siquiera está en discusión», dijo. «Mientras el mundo avanza, nuestros jubilados se mueren de hambre», concluyó, exigiendo prioridad para este tema en la agenda pública.
CORRUPCIÓN EN EL PAMI
«El PAMI se convirtió en una caja política», denunció Semino. Criticó que, en lugar de garantizar autonomía administrativa y financiera, como establece la ley, el instituto está intervenido y manejado por intereses partidarios. «Todos los anteriores interventores están procesados o imputados», reveló, aunque aclaró que en Argentina «nadie sale condenado por corrupción».
El caso de los pañales ejemplifica el descontrol. «Los pañales que da el PAMI son malos, y se pretendía hacer una licitación amañada», explicó. Semino detalló que el escándalo fue tan grande que el propio gobierno dio marcha atrás, pero el daño ya estaba hecho. «El beneficiario siempre termina pagando con su plata y su salud», afirmó.
Además, señaló que la industria farmacéutica manipula al PAMI. «El instituto consume el 45% del medicamento producido en el país, y esa industria financia campañas políticas», denunció. «Es un círculo perverso donde el jubilado es la víctima», resumió, exigiendo transparencia y controles reales.
LAS MARCHAS DE LOS MIÉRCOLES
«Las marchas de los miércoles empezaron en los 90, con movilizaciones de 50.000 o 60.000 personas», recordó Semino. Sin embargo, hoy apenas reúnen a unas decenas. «Es un problema cronificado que ya no convoca masivamente», lamentó, atribuyendo el declive al desgaste y la falta de apoyo político.
«Los miércoles son un emergente de un fenómeno que ocurre todos los días», explicó. Semino vinculó las protestas con la privatización del sistema previsional en los 90, un proceso que se impuso «contra la voluntad de los trabajadores». «Desde entonces, la desatención a los jubilados es una constante», afirmó.
Finalmente, criticó la represión estatal. «El Estado gasta millones en mandar fuerzas de seguridad, en lugar de resolver el problema», dijo. «Estamos en una locura: hay una crisis humanitaria, pero se prioriza la violencia sobre las soluciones», concluyó, exigiendo un cambio de rumbo urgente.
Momarandú
