ELECCIONES
El Juzgado Civil y Comercial N°3 con competencia electoral hizo lugar al pedido de nulidad contra el Decreto 1260/2025, dictado por el gobernador, Gustavo Valdés. El fallo cuestiona que la norma alteraba las reglas en pleno proceso electoral y sin respaldo legal.
La jueza María Eugenia Herrero, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°3 de Corrientes, con competencia en materia electoral, declaró este viernes la inconstitucionalidad del Decreto Provincial 1260/2025.
La medida judicial hace lugar al recurso presentado por apoderados de distintos partidos políticos, quienes habían cuestionado que la norma modificaba las condiciones para la adhesión de boletas en las elecciones del próximo 31 de agosto.
El decreto firmado por el gobernador, Gustavo Valdés, fue emitido el pasado 18 de junio y establecía que las listas municipales sólo podrían adherir a listas provinciales cuando correspondieran a una misma agrupación o alianza, impidiendo así el uso de boletas colectoras múltiples, práctica habitual en comicios anteriores. Según argumentaron los demandantes, la norma era “extemporánea, unilateral y violatoria del debido proceso electoral”.
En su resolución, la jueza Herrero sostuvo que el decreto fue dictado en medio de un cronograma electoral ya iniciado, afectando la previsibilidad del proceso y avanzando sobre aspectos no previstos por la legislación vigente. Afirmó que el Ejecutivo provincial “introdujo limitaciones arbitrarias para la conformación de alianzas y adhesiones de boletas, sin base normativa”.
Además, indicó que el apartado impugnado intentó regular una figura, la adhesión material de boletas, que “es una creación jurisprudencial y no legislativa”, excediendo así las facultades reglamentarias del gobernador contempladas en el artículo 162 de la Constitución de Corrientes.
En consecuencia, el fallo declara la nulidad del inciso b) del Decreto 1260/2025 y dispone su notificación con habilitación de días y horas debido al calendario electoral.
Más temprano, el fiscal de Estado, Horacio Ortega, había defendido la validez del decreto. “La presentación de la oposición es política y la respuesta del Gobierno es técnica”, afirmó en declaraciones a la prensa. Aseguró que la medida buscaba “preservar la voluntad del elector” y que se actuó “en razón de las facultades reglamentarias del gobernador”. Ortega agregó: “No hay mezquindades políticas. El objeto es proteger al votante, que es el actor principal en las elecciones”.
No obstante, la Justicia consideró que el instrumento vulneraba principios constitucionales como la legalidad, la igualdad y la seguridad jurídica, por lo que finalmente dio lugar a la demanda presentada por las fuerzas opositoras.
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R. SUDAMERICANA
