Vassel, que el año pasado presentó su libro «Malvinas y Derechos Humanos» hizo un repaso sobre la violencia ejercida por los cuadros militares contra los conscriptos, mayormente «por procurarse comida», pues «a pesar de que había galpones llenos los oficiales decidían quiénes comían y quienes no». En ese sentido el abogado goyano relató que «cuando se desclasificaron los documentos aparecieron 193 casos de soldados desnutridos que no podían cargar el fusil para pelear, pero no hubo ningún oficial desnutrido».
A dos días de que se conociera que la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal aceptó el reclamo de excombatientes para que la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos por militares argentinos contra sus propios soldados durante la guerra de Malvinas, permanezca abierta y sea la Corte Suprema la que decida. El impulsor de la causa, el abogado especialista en derechos Humanos, Pablo Vassel, fue entrevistado por Andrea Recúpero y Luis Bruschtein, en AM 530.
Es necesario terminar con la farsa de los certificados de defunción que dicen «muertos en combate», cuando en realidad murieron de hambre, inducida por sus propios superiores
El abogado también describió el periplo de la causa, que inició en 2007 con una denuncia suya radicada en el juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, donde dos años más tarde, en junio de 2009, la jueza Liliana Herraez consideró que los hechos configuraban crímenes de lesa humanidad, criterio que fue convalidado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, aunque al llegar a Casación, la Sala 1° dijo que son crímenes comunes, sin analizar la enorme cantidad de pruebas y los más de 200 testimonios.
Hace ya cinco años que la causa está cajoneada a pesar de que los fallos que calificaron como crímenes de lesa humanidad a las torturas realizadas por los oficiales a los soldados están respaldados por tratados internacionales a los que Argentina adhirió, y por dos fallos de la CIDH (Walter Bullacio y René Derecho) que indican que no importa el título, si es cometida por un agente estatal es obligación del Estado investigar la violación de los derechos humanos.
