EL FORO DE ORGANIZACIONES VECINALES ALERTA SOBRE LAS CARTAS DOCUMENTO INTIMIDATORIAS ENVIADAS A BENEFICIARIOS BAJO AMENAZA DE SUSPENSIÓN. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE ENCUENTRAN MÁS LIMITADAS E INDEFENSAS QUE NUNCA ANTE EL SISTEMA DE SALUD NACIONAL (FOTO ILUSTRATIVA).
«Lo que están haciendo no tiene nombre. Es perseguir al más vulnerable, al que no puede defenderse solo». Así lo expresó Julio Maciel, referente del Foro de Organizaciones Vecinales (Forve) de Corrientes, al denunciar públicamente la ola de intimaciones formales que comenzaron a recibir familias beneficiarias de pensiones por discapacidad en la provincia.
Las notificaciones, enviadas por correo postal mediante cartas documento, exigen a los beneficiarios que presenten documentación adicional en la Anses y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), bajo amenaza explícita de suspensión del beneficio en caso de incumplimiento.
«El problema es que muchas veces las cartas llegan a domicilios viejos, donde ya no vive la persona. No se enteran, se les vence el plazo y les cortan la pensión», explicó Maciel.
La situación, que afecta tanto a personas de la capital como del interior de Corrientes, pone en evidencia una serie de prácticas administrativas que las organizaciones consideran arbitrarias y crueles.
«Estamos frente a una persecución burocrática que cae como una tormenta sobre familias ya golpeadas por la crisis económica. Personas con discapacidades severas, muchas veces postradas o sin movilidad, tienen que volver a justificar lo que ya está comprobado con un certificado único de discapacidad vigente», advirtió.
REDUNDANCIASQUE DUELEN
Uno de los reclamos más fuertes del Foro apunta a la exigencia de presentar historias clínicas completas, aun cuando el beneficiario cuenta con el certificado actualizado y validado por profesionales autorizados.
«Nos exigen cosas que ya presentamos. Es como si no valiera nada lo que una junta médica oficial determinó», lamentó Maciel.
El caso de un niño con certificado vigente, inscripto en una escuela especial, que fue obligado a pasar por una nueva junta médica por decisión unilateral de un auditor, pone en evidencia lo kafkiano del procedimiento. «¿Por qué se duda de su diagnóstico si ya se evaluó? ¿Por qué ese desgaste innecesario? Esto ya no es control: es maltrato institucional», denunció el referente vecinal. La demanda principal del Forve es clara: que se revise de inmediato el mecanismo de notificación y verificación de pensiones, y que se respete el certificado como documento válido.
«No pedimos privilegios, pedimos respeto. Queremos que dejen de tratarlos como si estuvieran haciendo trampa, como si cada discapacidad tuviera que ser demostrada una y otra vez como si fuera un delito», sentenció.
