MERCEDES CORRIENTES
ESCÁNDALO EN MERCEDES
El fiscal Adrián Casarrubia dialogó con Radio Sudamericana sobre el juicio que condenó al intendente de Mercedes, a a 7 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real.
Esta tarde, en una entrevista con el Fiscal Adrián Casarrubia comentó sobre el reciente fallo en el caso de corrupción que sacudió a la ciudad de Mercedes.
Los funcionarios llegaron al juicio acusados por el engrosamiento mensual de planillas de pagos de planes sociales municipales, con personas que no sabían sobre su arbitraria e inconsulta incorporación. Según la denuncia, se asignaban estos beneficios adulterando la planillas falsamente un lugar de trabajo, la actividad, y a su vez, el monto que percibían llamativamente superaba la generalidad estándar y habitual del monto que perciben la mayoría de los planes sociales. Esta situación se repitió entre los meses de mayo y octubre del año 2019.
Se estima que el monto desviado asciende a unos 40 millones de pesos, afectando a numerosos ciudadanos que fueron utilizados como nombres ficticios en los registros oficiales.
De acuerdo a la investigación, hubo 76 personas involucradas en las planillas que figuran como beneficiarias de un plan que nunca cobraron ni se enteraron que recibían el beneficio. Durante el juicio, 55 de ellas se presentaron a declarar (la fiscalía no pudo dar con el resto) y reafirmaron no haber percibido dinero en concepto de planes sociales.
La fiscalía apuntó a Caram y también a otros funcionarios: Pedro Jorge Brun, quien se desempeñara como Secretario de Hacienda y Finanza de la misma Municipalidad; Claudio Javier Deimundo, tesorero municipal; Gabriela Itatí Gómez, encargada de Bienes Patrimoniales; Mariangeles Solange García Fariña, jefa de personal del municipio; Andrés Celestino Fernández, quién cumplía funciones de auxiliar administrativo; y Cecilia Maricel Casco, auxiliar administrativa de la Secretaria Privada de la Municipalidad.
LA RECOLECCIÓN DE PRUEBAS
Casarrubia destacó la objetividad y profundidad en la recolección de pruebas, subrayando la importancia de las evidencias presentadas durante el juicio. Se resaltó también la gravedad de la sustracción de documentación pública por parte de los funcionarios implicados, lo cual agravó aún más su situación legal.
LAS CONDENAS
La justicia finalmente condenó al jefe comunal a la pena de 7 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos al intendente, y diversas penas para los otros cinco funcionarios.
Al ser consultado sobre la conformidad con las condenas, Casarrubia expresó que si bien algunas de ellas estaban cercanas a lo solicitado por la Fiscalía, se esperaba una pena más alta para los tres pilares principales del caso: el intendente, el secretario y el tesorero. “Esperábamos una condena de 9 años pero entendemos que una vez firme son condenas efectivas y sirve para que otros funcionarios no cometan actos de corrupción”.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso fue el uso de nombres de personas reales, lo cual generó perjuicios significativos para aquellos que se vieron involucrados sin su consentimiento. Muchos de ellos tuvieron problemas familiares y sociales debido a esta situación. “Se comprometió el buen nombre y honor de 70 personas, muchos tuvieron incluso problemas con sus familias porque creyeron que estaban cobrando este dinero”
Además, Casarrubia reveló que una testigo fue tentada con dinero para cambiar su testimonio, lo cual derivó en una nueva causa por encubrimiento que involucra a otros funcionarios públicos.
¿DÓNDE FUERON A PARAR LOS 40 MILLONES?
“Ese dinero estuvo destinado al uso particular de las personas que fueron condenadas, sobre todo para el intendente, secretario y tesorero. Esto se cortó por la denuncia realizada por Cemborain”, dijo.
El Fiscal concluyó la entrevista reiterando la importancia de que las penas impuestas sirvan como ejemplo y disuasión para futuros actos de corrupción. El caso de Mercedes no solo representa un acto de desvío de fondos públicos, sino también una violación del buen nombre y honor de numerosos ciudadanos inocentes.
